El empresario PYME Raúl Hutin, miembro del MP25M, exige que el Gobierno declare persona no grata al candidato a embajador estadounidense por sus declaraciones que atentan contra la soberanía nacional y la independencia económica argentina.
Las PYMES exigen que Lamelas sea declarado persona no grata tras sus declaraciones intervencionistas
El sector empresarial nacional se alza con fuerza contra las provocativas manifestaciones del futuro representante diplomático estadounidense que pretende tutelar los tres poderes del Estado argentino
La indignación del empresariado nacional encuentra su voz más firme en las palabras de Raúl Hutin, reconocido dirigente del sector PYME y miembro del Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), quien no dudó en calificar como «categóricamente inaceptables» las recientes declaraciones de Peter Lamelas, candidato a embajador de Estados Unidos en Argentina.
Lamelas, un médico de origen cubano que huyó de la dictadura de Fidel Castro y donante millonario del Partido Republicano, compareció ante el Senado estadounidense asegurando que procurará limitar la influencia de China, Irán, Nicaragua, Cuba y Venezuela en territorio argentino, demostrando una clara intención de injerencia en los asuntos internos de nuestro país.
Un interventor disfrazado de diplomático
La denuncia de Hutin, empresario textil y secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, va al corazón del problema: Lamelas no se comporta como un diplomático sino como un interventor que pretende fijar posiciones sobre los tres poderes del Estado argentino sin haber asumido formalmente su cargo.
Las declaraciones del futuro embajador trascienden los límites de la diplomacia tradicional cuando se arroga la facultad de determinar con quiénes puede comerciar Argentina, atacando directamente nuestra independencia económica. Sus comentarios sobre Cristina Kirchner, afirmando que «tiene que recibir la justicia que merece», evidencian una intromisión inadmisible en el sistema judicial argentino.
Ataque a la soberanía provincial
Particularmente grave resulta la pretensión de Lamelas de controlar qué asociaciones estratégicas pueden establecer las provincias argentinas. Diversos gobernadores ya han manifestado su rechazo a estas declaraciones intervencionistas, entendiendo que constituyen una violación flagrante del derecho internacional y una afrenta a la dignidad nacional.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue contundente: «No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia».
La respuesta del sector productivo nacional
El empresariado PYME, representado por Hutin en esta declaración, demuestra una vez más su compromiso con la defensa de la soberanía nacional. El Movimiento Productivo 25 de Mayo ha sido consistente en su rechazo a las medidas que provocan «la agonía de la Producción nacional, del Trabajo con ascenso social y de nuestra Soberanía».
La escalada en el tono de las declaraciones de Lamelas, descritas por Hutin como «cada vez más groseras y obscenas desde el punto de vista diplomático», marca un precedente peligroso en las relaciones bilaterales que no puede ser tolerado por un país soberano.
Un reclamo de dignidad nacional
La exigencia de declarar a Lamelas persona no grata y rechazar sus cartas credenciales no es un capricho político sino una necesidad imperiosa para preservar la dignidad nacional. La Fundación Victoria también repudió «las declaraciones intervencionistas» del designado embajador, sumándose al creciente coro de voces que reclaman una respuesta contundente del Gobierno argentino.
Las palabras de Hutin reflejan el sentir de un sector empresarial que no está dispuesto a aceptar tutelas extranjeras ni injerencias en los asuntos internos del país. El rechazo categórico a las declaraciones de Lamelas marca un punto de inflexión en la defensa de nuestra soberanía económica y política.
El Gobierno argentino enfrenta ahora la disyuntiva de demostrar si está dispuesto a defender la dignidad nacional o si permitirá que un funcionario extranjero se erija en supervisor de nuestras instituciones democráticas. La respuesta que se dé a este desafío marcará el rumbo de las relaciones bilaterales y, más importante aún, el grado de respeto que Argentina está dispuesta a exigir como nación soberana.
