Especialistas, productores, investigadores y dirigentes reunidos en un conversatorio organizado por el Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M) junto a la Confederación General de la Producción (CGP) alertaron sobre las graves consecuencias que tendría la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La preocupación se centra en el avance de la extranjerización del territorio, la pérdida del control sobre el agua y los recursos naturales, y la expulsión de miles de pequeños y medianos productores.
La tierra argentina vuelve a estar en el centro del debate
Argentina enfrenta un momento decisivo. Mientras en el Congreso avanzan iniciativas para modificar o derogar la Ley de Tierras Rurales, referentes de distintos sectores productivos, académicos y sociales advirtieron que estas reformas podrían significar un cambio histórico con consecuencias difíciles de revertir.
Durante un importante conversatorio impulsado por el Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), con la participación de la Confederación General de la Producción (CGP), se analizaron los riesgos que implicaría eliminar las limitaciones actuales a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
Los expositores coincidieron en un punto central: la tierra no es una mercancía cualquiera. Es un recurso estratégico, limitado y no renovable que debe permanecer bajo protección del Estado para garantizar la soberanía nacional, alimentaria y territorial.
PODCAST RESUMEN DEL CONVERSATORIO
¿Qué protege actualmente la Ley de Tierras?
La Ley de Tierras Rurales establece límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Entre otras restricciones, impide la compra de predios que contengan:
- cuerpos de agua permanentes de importancia estratégica;
- zonas fronterizas sensibles;
- áreas vinculadas a recursos naturales esenciales para el país.
Según los especialistas, estos mecanismos funcionan como un verdadero escudo jurídico que protege recursos fundamentales para las generaciones futuras.
La posible derogación eliminaría buena parte de esas protecciones.
El golpe más duro recaería sobre los pequeños productores
Uno de los aspectos que más preocupación generó durante el encuentro fue el impacto directo sobre los productores nacionales.
Los especialistas explicaron que la eliminación de las restricciones provocaría:
- un fuerte aumento del precio de la tierra;
- una competencia imposible de sostener frente a grandes fondos internacionales;
- la concentración de grandes extensiones en pocas manos;
- la desaparición de miles de explotaciones familiares.
En numerosas provincias este proceso ya comenzó.
Los pequeños productores venden sus campos porque la actividad resulta cada vez menos rentable debido al incremento del gasoil, los insumos, los fletes y la caída de los ingresos.
Posteriormente, esas tierras son adquiridas por grandes grupos económicos nacionales o extranjeros, profundizando la concentración productiva.
Los «desalojos exprés» generan fuerte preocupación
Otro de los temas analizados fue el proyecto denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
Los expositores advirtieron que esta iniciativa facilitaría los llamados desalojos exprés.
En la práctica, un productor arrendatario podría ser expulsado rápidamente al finalizar un contrato mediante el uso de la fuerza pública y con escasas posibilidades de defensa.
Para los participantes del conversatorio, detrás de un título atractivo se esconde un mecanismo que favorece la concentración de tierras y deja en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes producen alimentos todos los días.
El agua: el recurso estratégico que podría quedar sin protección
Uno de los puntos más sensibles del debate fue el futuro de los recursos hídricos argentinos.
Actualmente, la ley prohíbe que extranjeros adquieran tierras donde existan cuerpos de agua considerados estratégicos.
Los especialistas explicaron que la eliminación de esa restricción permitiría que grandes inversiones privadas controlen territorios con enormes reservas de agua dulce.
La preocupación aumenta por el creciente interés internacional en actividades que demandan enormes cantidades de agua, como:
- minería a gran escala;
- grandes centros de procesamiento de datos para inteligencia artificial;
- proyectos extractivos de alta intensidad.
El temor no es solamente económico.
También existe preocupación por los impactos ambientales y por la pérdida de soberanía sobre uno de los recursos más valiosos del siglo XXI.
¿Quién define qué cuerpos de agua son estratégicos?
Durante el encuentro se explicó que esta tarea es realizada mediante un trabajo conjunto entre las provincias y el Consejo Hídrico Federal (COIFE).
No existe un criterio único para todo el país.
Lo que representa un recurso estratégico en provincias áridas como Catamarca o La Rioja puede no tener la misma importancia en provincias con abundancia de agua como Misiones o Corrientes.
Precisamente ese sistema técnico podría desaparecer si prosperan las modificaciones legislativas actualmente en debate.
La extranjerización de la tierra ya es una realidad
Los datos presentados por el Observatorio de Tierras muestran un panorama preocupante.
Actualmente existen aproximadamente:
- 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras;
- 36 departamentos que superan los límites establecidos por la legislación vigente;
- más de 12 millones de hectáreas pertenecientes a sociedades comerciales.
Las mayores concentraciones se registran en:
Los especialistas consideran que eliminar los controles aceleraría este proceso.
Una convocatoria a defender la soberanía nacional
Los organizadores del conversatorio señalaron que este debate trasciende al sector agropecuario.
La defensa de la tierra implica también proteger:
- la producción nacional;
- la seguridad alimentaria;
- el agua;
- los minerales estratégicos;
- el desarrollo de las economías regionales;
- la capacidad del Estado para decidir sobre su propio territorio.
En este contexto, el Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M) desempeñó un papel central en la organización del encuentro, promoviendo un espacio de análisis plural junto a la Confederación General de la Producción (CGP), investigadores, dirigentes productivos, representantes provinciales y especialistas.
Desde el MP25M se convocó a fortalecer la organización social, ampliar la difusión pública del tema y promover la participación ciudadana para impedir que decisiones estratégicas sobre el territorio argentino queden exclusivamente en manos de grandes intereses financieros internacionales.
Un debate que recién comienza
Los participantes coincidieron en que la discusión sobre la Ley de Tierras Rurales no puede reducirse a una cuestión jurídica.
Está en juego el modelo de país.
La tierra, el agua y los recursos naturales constituyen activos estratégicos cuya administración condicionará el futuro económico, productivo y geopolítico de la Argentina durante las próximas décadas.
Por ello, el llamado final del conversatorio fue claro: informar, debatir y participar activamente para preservar la soberanía nacional y defender el derecho de las futuras generaciones sobre los recursos del país.
Fuente: CONVERSATORIO COMPLETO.
Especialistas y productores reunidos en un conversatorio organizado por el Movimiento Productivo 25 de Mayo alertaron sobre las graves consecuencias que tendría la derogación de la Ley de Tierras Rurales para la soberanía nacional, los pequeños productores y los recursos estratégicos argentinos.
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Participantes del conversatorio
- Gastón – Presidente de la Confederación General de la Producción (CGP).
- Florencia Gómez – Abogada, coautora de la Ley de Tierras y Directora de Relaciones Institucionales del CEPAS.
- Adilio Vareiro – Licenciado en Relaciones Internacionales e integrante del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX).
- Nasira Muñoz – Docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora y exvicepresidenta del INTA.
- David – Directivo de la Confederación General de la Producción (CGP) y exministro de la provincia de Catamarca.
- Óscar Marueli – Ingeniero agrónomo del Consejo de Oliveros (INTA).
- Alisa – Exdiputada provincial e integrante del Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M).
- Jorge Scripciup – Prosecretario de la CGP y presidente de la Asociación Civil Impulso de Misiones.
- Evangelina (Eva) – Secretaria de la CGP en Catamarca.
- Cecilia Castro – Federación Económica de Santa Cruz y Asociación Civil de Productores de Los Antiguos.
- Tato Figueredo – Referente de la provincia del Chaco.
- Luis Alberto Andrusín – Pequeño productor yerbatero de la zona sur de Misiones.
- Claudio – Participante que intervino en el cierre del encuentro.
TRANSCRIPCIÓN:
Ley de Tierras Rurales; Derogación e Impacto
El conversatorio organizado por el MP25M analiza las consecuencias negativas de derogar la Ley de Tierras Rurales en Argentina y cómo esto facilita la extranjerización de recursos estratégicos. Los ponentes advierten que eliminar límites a la propiedad extranjera fomenta una competencia desleal que expulsa a pequeños y medianos productores locales. Se destaca que la tierra es un activo estratégico no renovable que el Estado debe proteger para garantizar la soberanía nacional y alimentaria. Además, el debate vincula estas reformas con intereses geopolíticos globales que buscan el control del agua y minerales. Finalmente, se hace un llamado a la organización civil y política para impedir que el territorio quede en manos de capitales internacionales.
¿Cómo afectaría la derogación de la ley a los pequeños productores?
La derogación de la Ley de Tierras Rurales y la implementación de nuevos proyectos legislativos, como el denominado de «inviolabilidad de la propiedad privada», tendrían un impacto profundo y mayoritariamente negativo sobre los pequeños productores argentinos.
Los principales efectos identificados en las fuentes son los siguientes:
- Expulsión directa y aumento del precio de la tierra: La consecuencia directa e inmediata de la aprobación de estos proyectos sería un aumento en el precio de la tierra, lo que resultaría en la expulsión de los pequeños y medianos productores. Al estar la ley pensada para el capital global y no para la producción nacional, se genera una competencia desleal en la que es imposible para los productores locales competir con fondos internacionales.
- Desalojos express y vulnerabilidad de arrendatarios: Las modificaciones propuestas facilitarían los desalojos express, afectando gravemente a quienes son productores y arrendatarios. Esto permitiría que, una vez vencido un contrato de alquiler, el propietario pueda retirar la maquinaria y desalojar al productor de manera acelerada con el uso de la fuerza pública.
- Concentración de tierras y desplazamiento geográfico: En regiones como Misiones, ya se observa una tendencia a la expulsión de pequeños productores hacia las periferias de los pueblos a medida que grandes empresas concentran extensiones de tierra para actividades forestales o yerbateras. La derogación de los límites a la extranjerización profundizaría este proceso de latifundización y acaparamiento de tierras.
- Inviabilidad económica y pérdida de arraigo: El aumento de los costos de producción (gasoil, insumos, fletes) sumado a la caída de la rentabilidad está «fusilando» a los pequeños productores, volviendo su actividad inviable. Muchos se ven forzados a vender sus parcelas, las cuales son adquiridas por capitales extranjeros, lo que se describe como un plan para desplazar a los argentinos de su propio suelo.
- Pérdida de soberanía sobre recursos naturales: La derogación eliminaría restricciones críticas, como la prohibición de que extranjeros adquieran tierras que contengan cuerpos de agua de envergadura o zonas estratégicas como la Cordillera de los Andes. Esto dejaría a los pequeños productores y a las comunidades locales vulnerables ante grandes inversiones que priorizan la extracción de recursos naturales por encima del desarrollo territorial.
En resumen, los expertos y productores advierten que estas medidas conducirían a una catástrofe interna y a una situación de gravedad institucional, donde el pequeño productor pierde su capacidad de defensa frente a la escala y el poder del capital transnacional.
¿Cómo afectaría el proyecto de «inviolabilidad» a los desalojos?
El proyecto de ley denominado de «inviolabilidad de la propiedad privada» tendría un impacto directo y severo en los procesos de desalojo, especialmente para aquellos pequeños y medianos productores que trabajan bajo el régimen de arrendamiento.
Según las fuentes, las principales afectaciones serían las siguientes:
- Implementación de desalojos express: El proyecto busca modificar la normativa vigente para facilitar desalojos rápidos. Esto permitiría que, al vencimiento de un contrato de alquiler, el propietario pueda recurrir a la fuerza pública para retirar la maquinaria y desplazar al productor del predio de manera casi inmediata.
- Vulnerabilidad de los arrendatarios: La reforma afectaría gravemente a los inquilinos y arrendatarios rurales, quienes quedarían en una situación de total desprotección una vez finalizado el plazo contractual, perdiendo las garantías que existen actualmente.
- Expulsión de productores locales: La consecuencia directa e inmediata de estos cambios sería la expulsión de productores pequeños y medianos de sus tierras. Esto se enmarca en un contexto donde el capital global tendría mayores facilidades para adquirir tierras, generando una competencia que los productores locales no pueden sostener,.
- Conflictividad social: Se advierte que este tipo de medidas podrían provocar una «catástrofe interna» o una explosión social, ya que muchos productores podrían no comprender el alcance real del título «inviolabilidad de la propiedad privada» hasta que se enfrenten a la pérdida de sus parcelas o al uso de la fuerza en su contra.
En conclusión, los expertos consideran que este proyecto, bajo un nombre atractivo, funciona como un «caballo de Troya» que desprotege al productor nacional frente a los propietarios y grandes capitales, agilizando su salida forzosa del territorio productivo,.
¿Cómo se vería afectada la soberanía sobre el agua?
La soberanía sobre el agua se vería seriamente comprometida por la derogación de la Ley de Tierras Rurales, ya que esta normativa actúa actualmente como un «escudo» protector de los activos estratégicos del país.
Los principales riesgos para la soberanía hídrica identificados en la fuente son los siguientes:
- Eliminación de prohibiciones específicas: Actualmente, la ley establece un límite estricto que prohíbe a los extranjeros adquirir parcelas de tierra que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes. La derogación de los artículos 8, 9 y 10 de la ley eliminaría esta restricción, permitiendo que recursos hídricos críticos queden en manos privadas extranjeras.
- Uso desmedido para nuevas tecnologías y minería: Existe una gran preocupación por el interés de capitales globales en establecer granjas de servidores de inteligencia artificial y explotaciones mineras que requieren cantidades masivas de agua. Se advierte que estas empresas no se llevan el agua físicamente, sino que compran el territorio para usarla de manera desmedida y sin controles adecuados.
- Contaminación y falta de control estatal: Bajo el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada», se teme que los propietarios extranjeros puedan explotar los recursos naturales a su manera, incluso dejando zonas explotadas y contaminadas, bajo el argumento de que «en mi propiedad privada yo hago lo que quiera».
- Pérdida de jurisdicción legal (RIGI): Con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las empresas extranjeras tendrían 30 años de estabilidad y cualquier conflicto o perjuicio ambiental no sería resuelto por jueces argentinos, sino por sistemas de arbitraje internacionales (como el CIADI), lo que profundiza la pérdida de soberanía.
- El agua como «bien común» en riesgo: Los expertos señalan que el agua y la tierra son recursos escasos, estratégicos y no renovables que el Estado debe regular. La derogación de la ley permitiría que grupos inversores compren zonas estratégicas, como partes de la Cordillera de los Andes, controlando las fuentes de agua que allí se originan.
En conclusión, la desaparición de estas regulaciones dejaría los recursos hídricos argentinos vulnerables a la lógica del capital transnacional, priorizando el beneficio empresarial por sobre la seguridad y el control soberano del recurso por parte del Estado y sus ciudadanos.
¿Cómo se define si un cuerpo de agua es de envergadura?
La definición de si un cuerpo de agua es considerado de «envergadura» no es absoluta, sino que se determina bajo un criterio de condición relativa dependiendo de la región geográfica y la disponibilidad hídrica de cada provincia.
Para establecer esta clasificación, se trabajó de manera conjunta con el Consejo Hídrico Federal (COIFE) y con cada una de las provincias argentinas. Los puntos clave para su definición son:
- Criterio regional y local: Lo que se considera de envergadura en una provincia puede no serlo en otra. Por ejemplo, un caudal de agua que en provincias de secano como Catamarca o La Rioja es catalogado como «de envergadura» debido a su escasez, podría ser visto simplemente como un arroyo menor en provincias con mayor abundancia hídrica como Misiones o Corrientes.
- Permanencia: La ley asocia la envergadura a la característica de ser un cuerpo de agua permanente.
- Finalidad de la limitación: Este criterio se utiliza para aplicar la restricción de la Ley de Tierras que prohíbe que extranjeros adquieran parcelas que contengan o sean ribereñas a estos cuerpos de agua estratégicos.
- Verificación técnica: Al realizar un trámite de adquisición, el Registro Nacional de Tierras Rurales chequeaba topográficamente los puntos de georreferenciación y consultaba a la provincia respectiva, la cual confirmaba si la parcela comprendía o no un cuerpo de agua de estas características.
¿Qué papel juega el Consejo Hídrico Federal en esto?
El Consejo Hídrico Federal (COIFE) desempeñó un papel técnico fundamental en la implementación de la Ley de Tierras Rurales, específicamente en la definición de uno de los límites críticos para la extranjerización de la tierra: la protección de los recursos hídricos.
Su intervención fue clave en los siguientes aspectos:
- Definición de «cuerpos de agua de envergadura»: El COIFE trabajó de manera conjunta con las autoridades nacionales y cada una de las provincias para definir qué se considera un cuerpo de agua de «envergadura y permanente». Esta definición es vital porque la ley prohíbe que extranjeros adquieran parcelas que contengan o sean ribereñas a estos recursos.
- Criterio de condición relativa: El Consejo ayudó a establecer que la «envergadura» de un cuerpo de agua no es un valor absoluto, sino que depende del contexto regional. Por ejemplo, un caudal que en provincias húmedas como Misiones o Corrientes no sería considerado de gran magnitud, sí lo es en provincias de secano como Catamarca o La Rioja debido a la escasez del recurso.
- Protección de activos estratégicos: Al colaborar en la identificación de estos cuerpos de agua, el COIFE permitió que el Registro Nacional de Tierras Rurales tuviera criterios técnicos para denegar certificados de habilitación a extranjeros que pretendieran comprar tierras con recursos hídricos estratégicos,.
En el contexto actual de una posible derogación de la ley, el papel que desempeñó este organismo es recordado como parte del «escudo» que protege la soberanía sobre el agua, evitando que este recurso esencial quede bajo control de capitales internacionales sin las regulaciones adecuadas,.
¿Cómo se coordinan las provincias con el COIFE hoy?
Bajo el marco de la Ley de Tierras Rurales, la coordinación entre las provincias y el Consejo Hídrico Federal (COIFE) se basa en un sistema integrado de verificación técnica que, aunque el gobierno actual busca derogar, continúa funcionando formalmente hasta la fecha.
De acuerdo con las fuentes, esta coordinación se desarrolla de la siguiente manera:
- Definición de criterios regionales: El COIFE y cada una de las provincias trabajaron conjuntamente para definir qué se considera un cuerpo de agua de envergadura y permanente. Esta definición no es uniforme, sino que se basa en una condición relativa: un caudal de agua que en provincias húmedas como Misiones no es considerado de envergadura, sí lo es en provincias de secano como Catamarca o La Rioja debido a la escasez del recurso.
- Proceso de consulta y validación: Cuando un extranjero intenta adquirir tierra, el Registro Nacional de Tierras Rurales realiza un chequeo topográfico y de georreferenciación de la parcela. Como parte de este proceso, se consulta directamente a la provincia respectiva, la cual debe confirmar si la propiedad en cuestión comprende o linda con un cuerpo de agua protegido.
- Sistema de información unificado: El registro permite tener datos unificados para cruzar información de distintos catastros y registros de la propiedad inmueble provinciales. Esto permite verificar si un comprador está violando sus topes personales de hectáreas o si la tierra solicitada afecta activos estratégicos.
- Situación actual de riesgo: Las fuentes advierten que esta coordinación está bajo amenaza inminente debido al proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada», el cual busca derogar los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Tierras. Estos artículos son precisamente los que establecen las limitaciones relacionadas con los cuerpos de agua, por lo que su eliminación dejaría sin efecto este mecanismo de protección soberana.
En resumen, aunque el sistema sigue operando hoy para denegar o aprobar certificados de habilitación, existe una fuerte preocupación institucional debido a que las distintas versiones del dictamen que se discuten en el Senado proponen eliminar las facultades que permiten este control conjunto sobre el agua.
¿Qué datos actuales muestra el Observatorio de Tierras sobre extranjerización?
Según los datos actualizados publicados por el Observatorio de Tierras y citados en las fuentes, la situación de la extranjerización de la tierra en Argentina presenta las siguientes cifras clave:
- Superficie total extranjerizada: Actualmente se contabilizan 13.200.000 hectáreas en manos de extranjeros.
- Departamentos que superan el límite legal: Los datos actuales indican que existen 36 departamentos (o niveles subprovinciales) que exceden el límite del 15% de extranjerización permitido por la ley. Esta cifra representa una disminución respecto a los 49 departamentos que se encontraban en esa situación en el año 2013, un cambio que, según los expertos en las fuentes, ameritaría una auditoría para verificar su veracidad.
- Distribución por tipo de titular: Existe una marcada concentración en favor de las empresas. Más de 12 millones de hectáreas pertenecen a personas jurídicas (empresas), mientras que aproximadamente 3 millones de hectáreas están en manos de personas físicas. Esto refleja que unas pocas empresas poseen grandes extensiones, mientras que muchos individuos poseen parcelas pequeñas.
- Zonas con mayor impacto: La extranjerización no es uniforme y se concentra principalmente en zonas extrapampeanas debido a intereses específicos:
- Patagonia: Interés turístico y de conservación (como en el caso de los bosques andinos patagónicos).
- Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja: Intereses mineros, a menudo para evitar pagos por servidumbres de paso.
- Norte y Litoral: Producción tabacalera, soja, arroz y explotaciones forestales (especialmente en Misiones y Corrientes).
Es importante destacar que el Observatorio de Tierras es un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que toma los datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales y los procesa para hacerlos visibles y georreferenciados a través de mapas.
¿Cómo se están movilizando los sectores productivos contra esta ley?
Los sectores productivos y diversas organizaciones sociales se están movilizando a través de una red de coordinación que busca frenar la derogación de la Ley de Tierras Rurales y el avance del proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada». Estas acciones se centran en la incidencia política, la comunicación estratégica y la construcción de alianzas federales.
Las principales formas de movilización identificadas en la fuente son:
1. Coordinación de Organizaciones y Alianzas
- Coaliciones Estratégicas: Se ha conformado la Coalición por la Defensa de la Tierra (o Coalición Federal), integrada por referentes del sector productivo, la Confederación General de la Producción (CGP), el Movimiento Productivo 25 de Mayo y organizaciones como el Centro de Excombatientes de Malvinas (CESIM).
- Articulación Territorial: Se están creando «nodos» locales, como el Nodo Gran Rosario, para unir a los sectores y evitar la «individualización» que suele favorecer estas reformas.
2. Presión Política Directa
- Identificación de Legisladores: Los sectores han elaborado listados de senadores por provincia para realizar un seguimiento de su intención de voto.
- Campañas de Contacto: Se incentiva a la ciudadanía y a los productores a escribir directamente a los legisladores a través de WhatsApp y redes sociales (Instagram, Facebook), exigiendo que no voten a favor de la derogación.
- Exigencia de Debate Público: Se demanda que el proyecto no sea un «trámite rápido» y se solicita la apertura de audiencias públicas donde puedan expresarse gobernadores, sectores de la producción y comunidades originarias.
3. Comunicación y Concientización Pública
- Campañas Digitales: Han lanzado campañas visuales como «Ponerse la camiseta por Argentina», aprovechando eventos deportivos para advertir sobre la extranjerización. También utilizan stickers y estados de WhatsApp para difundir información de manera masiva.
- Presencia en Medios: Referentes de la coalición participan activamente en programas de radio, tanto nacionales como «radios de pueblo» o regionales, para explicar los alcances técnicos y el peligro para la soberanía.
- Materiales de Formación: Se distribuyen revistas (como Soberanía Digital), informes técnicos y placas informativas para que los productores locales tengan «letra» y argumentos sólidos al hablar con sus representantes locales o sindicatos.
4. Propuestas Alternativas
- Búsqueda de Consensos: La CGP trabaja en la búsqueda de consensos para un contraproyecto que, en lugar de permitir la libertad total a inversores extranjeros, facilite que los sectores de pequeña y mediana escala pongan la tierra en producción bajo soberanía nacional.
En resumen, la movilización combina un fuerte componente de esclarecimiento técnico con una estrategia de presión política directa sobre el Senado, intentando involucrar no solo a los productores directamente afectados, sino a la sociedad civil en su conjunto.
¿Quiénes son los senadores identificados que votarían a favor?
De acuerdo con las fuentes, se han identificado específicamente a los tres senadores de la provincia de Misiones como legisladores que votarían a favor de la derogación de la Ley de Tierras (o en contra de su mantenimiento):
- Carlos Arce (Encuentro Misionero).
- Sonia Decut (Encuentro Misionero).
- Goerling (PRO).
Además de estos casos confirmados por los expositores, se mencionan situaciones de otros senadores cuya postura genera preocupación o incertidumbre:
- Senadores de Santa Fe: Se señala que, mientras el senador Lewandowski manifestó que votaría en contra, los senadores Eduardo Galareto y Carolina Lozada han evitado dar una respuesta clara o no han contestado a los pedidos de reunión y mensajes de los sectores productivos.
- Referencia histórica: Se menciona que, originalmente en 2011, el único senador que votó en contra de la creación de la ley fue el senador Romero de Salta.
Los sectores movilizados están trabajando en la elaboración de placas con las fotos de estos legisladores para difundir su postura en redes sociales y presionar para que no acompañen la derogación.
¿Cómo se está contactando a los senadores por redes sociales?
Para contactar a los senadores y ejercer presión contra la derogación de la ley, las organizaciones y ciudadanos están utilizando diversas estrategias en redes sociales, enfocándose en la visibilidad directa y el reclamo público:
- Mensajería y redes directas: Se ha distribuido un listado con los contactos de los senadores de cada provincia para que la gente les escriba directamente a través de WhatsApp, Instagram y Facebook. Según se menciona en las fuentes, a los legisladores «no les gusta que les escriban en las redes sociales» ni que se hable de ellos públicamente en estas plataformas.
- Uso de imágenes y «placas»: Se están diseñando piezas gráficas o «placas» que incluyen las fotos de los senadores (especialmente de aquellos que ya manifestaron su intención de votar a favor o que no responden a los pedidos de reunión) para difundirlas y que su postura sea conocida por la sociedad.
- Campañas temáticas en Estados de WhatsApp: Se utiliza la función de estados de WhatsApp para compartir material informativo, aprovechando que es un espacio muy consultado por la gente. Una de las campañas destacadas es la de «Ponerse la camiseta por Argentina», que utiliza la temática de la selección nacional para manifestarse en contra de la extranjerización de la tierra.
- Stickers y videos cortos: Se están produciendo stickers y se planea la creación de videos breves con recortes de las exposiciones de expertos para que el mensaje sea fácil de viralizar y compartir entre los productores y el público general.
Estas acciones forman parte de una estrategia de comunicación de la Coalición por la Defensa de la Tierra para que el tema de la Ley de Tierras esté presente en la agenda pública y los senadores sientan la demanda de sus representados antes de la votación.
¿Cómo puedo sumarme a la Coalición por la Defensa de la Tierra?
Para sumarte a la Coalición por la Defensa de la Tierra, podés seguir diversas líneas de acción coordinadas por sus referentes y las organizaciones que la integran:
- Integrarte a la red de comunicación: Los organizadores están armando una lista de difusión de WhatsApp para compartir noticias, notas y materiales de formación. Si no sos miembro de la Confederación General de la Producción (CGP), podés facilitar tu número de contacto a la entidad para ser incluido en este canal y recibir información actualizada.
- Participar en nodos territoriales: Se busca evitar la «individualización» de los productores mediante la creación de espacios locales de articulación. Un ejemplo mencionado es el Nodo Gran Rosario, impulsado junto al Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M) para unir fuerzas en el territorio.
- Colaborar en la difusión digital: Podés sumarte compartiendo materiales diseñados por la coalición, como stickers, videos breves y «placas» con información técnica o fotos de los legisladores. Se hace especial hincapié en utilizar los estados de WhatsApp para viralizar campañas como la de «Ponerse la camiseta por Argentina».
- Ejercer presión política: La coalición distribuye listados con los contactos (WhatsApp, Instagram, Facebook) de los senadores de cada provincia. La consigna es escribirles directamente para exigirles que no voten a favor de la derogación de la Ley de Tierras, ya que a los legisladores les incomoda que se hable de ellos o se les reclame públicamente en sus redes.
- Facilitar espacios en medios de comunicación: Si tenés vínculos con radios locales o regionales, podés coordinar con los referentes de la coalición (como Florencia Gómez, Adilio Vareiro o Nasira Muñoz) para que participen en programas y expliquen el impacto de la ley a la comunidad.
En resumen, la participación está abierta tanto a nivel de activismo individual en redes sociales y presión a legisladores, como a través del trabajo institucional en cámaras, federaciones y nodos territoriales.